La iniciativa, que será presentada a través de una moción en el pleno del próximo jueves, incluye la creación de un registro municipal de viviendas ocupadas y prohibir la inscripción en el padrón municipal a los ocupas de una vivienda.
Lo que en situaciones normales tardaría unos pocos meses, se ha convertido en un imposible del que se benefician las mafias que se expanden sin control gracias al freno que supone imposibilitar que el propietario recupere su vivienda.
El Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Totana ha propuesto la creación de una ventanilla de atención al ciudadano en el Consistorio Municipal para las personas que sean víctimas directas y vecinos de inmuebles afectados por ocupaciones ilegales.
Se trata de una medida que también incluye la puesta en marcha de un teléfono de denuncias de ocupaciones que permita la conexión directa con la Policía Local con el objetivo de denunciar ocupaciones ilegales de forma rápida y efectiva. Para ello, se plantea el establecimiento de convenios con los registros de la propiedad para facilitar la comprobación de titularidades.
El portavoz del Grupo Popular en el ayuntamiento de Totana, y candidato a la alcaldía, Juan Pagán, ha propuesto la aprobación de un protocolo de actuación y seguimiento por parte de la Policía Local, especialmente en cuanto a los delitos de usurpación que facilite su intervención inmediata cuando se trate de supuestos de delito flagrante, equiparándose por tanto al allanamiento de morada cuando los vecinos o testigos avisen de que hay personas entrando en un inmueble utilizando la fuerza, o por cualquier otra vía por la que puedan tener conocimiento de estos hechos.
Para proteger a los ciudadanos de las consecuencias de estas ocupaciones y prevenir su realización, consideramos que desde el Ayuntamiento se deben denunciar tanto las ocupaciones ilegales de las que tenga conocimiento como los fraudes en el fluido eléctrico. Así, proponemos la confección y seguimiento de un registro de viviendas ocupadas, que evite cambios de contratos de suministro y empadronamiento ficticios.
La iniciativa del Partido Popular incluye que se inste al Gobierno de España a modificar y suprimir las medidas que ha emprendido en referencia a la ocupación ilegal, puesto que se trata de planteamientos que, en la práctica, no solo legalizan la ocupación, sino que blindan al ocupante sin título y al delincuente, restringiendo la posibilidad de su desalojo. Cabe señalar que la errónea política del PSOE en este sentido debe ser corregida para acabar con la concepción de morada o domicilio de un inmueble ocupado, al tiempo que se debe reconocer la capacidad jurídica de las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación y así poder acudir a las autoridades, cuando en ausencia del propietario, los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres.
Habida cuenta de los ejemplos que encontramos en nuestro propio municipio sobre ocupación ilegal de viviendas, consideramos necesario reconocer la figura del administrador de fincas como denunciante y certificador de la situación administrativa del inmueble en cuanto a su propiedad.
En términos generales, los totaneros necesitan que se establezcan las medidas necesarias para desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 24 horas, reforzar la pena del delito de usurpación con penas de hasta 3 años de cárcel y tipificar en el Código Penal la pertenencia a mafias, que se lucran alquilando viviendas ocupadas.
Se trata de una batería de medidas que será planteada en el pleno del Ayuntamiento el próximo jueves a través de una moción, en la que se denuncia que la ocupación ilegal de inmuebles se ha consolidado en los últimos años como uno de los delitos más preocupantes desde diferentes perspectivas: defensa de la propiedad privada, protección del propietario, seguridad ciudadana, convivencia vecinal y delincuencia.
La crisis económica y social, pero sobre todo la permisividad e impunidad alimentadas por el Gobierno de la Nación, ha provocado un aumento exponencial de las ocupaciones por grupos y organizaciones criminales que emplean la ocupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa. Las ocupaciones ilegales degradan además los elementos, servicios e instalaciones comunes de las comunidades de propietarios y dificultan su mantenimiento. Por tanto, resultan afectados por la ocupación también los vecinos que se ven en la obligación de convivir con situaciones de inseguridad, afectando tanto a su vida privada como comunitaria.
